e o n a fuerza del pasado os Construc<:;ores C v1 es cimentaron el Como resultado de las líneas de acción hay una tendencia a reaccionar ante la presión social de los deudores y restarle importancia a los aspectos financieros del sistema. La característica más destacada del programa era su preocupación por construir casas y distribuirlas entre los más pobres, pero sin claridad sobre los mecanismos específicos que debían utilizarse para maximizar la eficiencia del reparto. La orientación de los aspectos políticos se construyó a partir de la noción de marginalidad, definida así: "Marginalidad es la condición fundamental de grandes sectores de la población urbana y rural que carecen de una efectiva participación en la vida de la comunidad nacional a que pertenecen y en los beneficios que otorga una sociedad, bien organizada y un Estado en forma". De tal concepto se derivan tres objetivos: a) fomento de las organizaciones de base; b) prioridad programática al desarrollo de dichas organizaciones; y c) cambios institucionales, especialmente a través de una ley juntas de vecino". Los aspectos normativos establecidos por el régimen institucional serán llevadas a discusión y negociación en un parlamento con presencia de fuerzas opositoras, quedando planteadas de la siguiente manera los sectores que convergen en la arena política de la vivienda: a) la burocracia pública del sector técnico, administradores; b) los demandantes de viviendas a través de sus organismos sociales, los dirigentes políticos vinculados a dichas organizaciones y al parlamento y c) el sector empresarial más o menos encuadrado en la Cámara de la Construcción. La intención de construir 360.000 "casas" de estructura sólida se reformuló en el año 1967 con metas de 360.000 "soluciones habitacionales". Esto se debió a que el plan adolecía de algunos errores básicos, por la falta de correspondencia entre la oferta de vivienda y las necesidades de la población. Estos factores estaban determinados por el hecho de superar la administración anterior, por el aumento de la necesidad y por la anterior comprobación que los grupos de más bajos ingresos no podían tener acceso a las viviendas definitivas, aún con fuertes subsidios. Esto fue generando una presión progresiva que dio origen a las "tomas" de terrenos. El gobierno tuvo entonces que ajustar su acción a estas nuevas condiciones no previstas en el plan original. Ya en 1965, en el momento de discutirse en el Congreso la ley que fundó el MINVU, se puso de relieve la necesidad de un desarrollo comunal y urbano más orgánico y planificado que los conceptos implícitos en la frondosa legislación anterior sobre normas para la edificación y crecimiento de las ciudades. Dicha ley dio origen a la Dirección General de Planificación y Presupuesto como unidad burocrática encargada de las nuevas tareas del equipamiento comunitario y el desarrollo urbano. Para cumplir esta doble finalidad surgieron como instrumento, los "estudios de pre-inversión". En el cuarto mensaje presidencial, al mencionarlos, se les asignaba los siguientes objetivos: Un ve"5 dad Cató ca del Norte 44 Información local Diagnóstico económico-social y físico de una región, microrregión o comuna Conciliación del desarrollo urbano de la localidad con metas nacionales y aspiraciones de la comunidad Programas de corto y mediano plazo con diversas alternativas Participación de la comunidad en la planificación. En el segundo mensaje presidencial, (mayo de 1966), se establece que la operación sitio "consiste en urbanizar terrenos sobre los que en una primera etapa, se levanta una mediagua con sus servicios higiénicos y en una segunda, se construyen viviendas por el sistema tradicional o prefabricadas". Gradualmente el gobierno fue considerando como "solución" sólo la primera etapa. Así, se puede confeccionar una especie de secuencia del deterioro de la solución entregada a los grupos de bajos ingresos: Casa CORVI de 60 m2 . Operación sitio con construcción sólida de 27 a 30m2 . Operación sitio con construcción y sólo agua, luz y sistema de eliminación de aguas servidas y Operación tiza (solo el sitio) Se impulsó cada vez más la modalidad de autoconstrucción, que se definía como un sistema de construcción de viviendas, equipamiento comunitario y obras de urbanización, puesto en marcha para sectores de escasos recursos el que, además, aporta como forma significativa de desarrollo social a través de la participación activa de la comunidad. De esta manera se le asignaba tres funciones específicas: promoción social, desarrollo de la comunidad y una forma de organización económica definida como una sociedad en la cual los pobladores organizados y el Estado aportan recursos en común con el objeto de elevar los niveles habitacionales de los primeros. Los mecanismos de subsidio se realizaron en formas muy diferentes, según fueran la institución creditaria (SINAP, organismos previsionales, CORVI, CORHABIT, etc.), los grupos sociales y su nivel de ingresos. Por otra parte, la inseguridad creciente de los pobladores de tener acceso a ellas sin iniciativa ni acciones personales, generó algunos efectos de importancia para la política: a) la imposibilidad de crear asentamientos transitorios, que perdían su carácter de tales debido a la exigencia de los propios asentados de permanencia definitiva con su respectivo título de dominio y; b) las "tomas" de terrenos para asegurar un acceso mínimo a una solución habitacional, fenómeno que se centró en los terrenos públicos que eran adquiridos por el Estado con el objeto de construir conjuntos habitacionales.
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